¿Qué son los Aranceles Notariales?
Los aranceles notariales son los honorarios que perciben los notarios por los servicios que prestan. Estos honorarios no los fija cada notario de manera individual, sino que están regulados por ley y son exactamente iguales en todas las notarías de España.
Esto significa que, independientemente de la notaría a la que acuda, el coste de un documento notarial será el mismo, ya que el arancel está determinado normativamente. La única diferencia que puede existir entre notarías es la calidad del servicio, la cercanía o la rapidez en la atención, pero nunca el precio.
¿Para qué sirven los aranceles notariales?
Los aranceles notariales están destinados al mantenimiento de la oficina notarial, pues tanto los gastos derivados del personal de la notaría, como todos los demás gastos del despacho notarial, tienen que ser satisfechos con dichos aranceles.
Normativa aplicable a los aranceles notariales
El arancel notarial en España está regulado por distintas normas de rango legal y reglamentario, entre las que destacan:
- Ley del Notariado, de 28 de mayo de 1862
- Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el Arancel de los Notarios
- Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios
- Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos:
- Ley 25/2009, de 22 de diciembre (Ley Ómnibus), que modificó aspectos del régimen de aranceles y de libre elección de notario
- Normas complementarias dictadas por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (antigua DGRN), que interpretan y aclaran la aplicación práctica del arancel.
Principio de igualdad y transparencia
El arancel es único y obligatorio, por lo que:
- Ningún notario puede cobrar más ni menos de lo fijado.
- Las minutas deben estar detalladas y ajustarse estrictamente al arancel.
- Cualquier ciudadano puede solicitar explicaciones y desglose de los honorarios.
En resumen: los aranceles notariales están fijados por ley, son idénticos en toda España y garantizan la transparencia y seguridad jurídica del servicio notarial.